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El PR critica la nueva Ley General de Telecomunicaciones porque permite expropiar espacios privados e instalaciones sin licencia de obras

LA BRÚJULA viernes 23-5-2014
El Partido Riojano (PR) criticó ayer en Calahorra, a través de Rubén Gil Trincado y Margarita Aldama, la nueva Ley General de Telecomunicaciones que, según dijeron, "permite a cualquier compañía expropiar espacios en cualquier vivienda para instalar antenas".

El PR critica la nueva Ley General de Telecomunicaciones porque permite expropiar espacios privados e instalaciones sin licencia de obras

El diputado regional del PR lamentó que los dos principales partidos nacionales, PP y PSOE, se hayan puesto de acuerdo en el congreso y en el senado para votar a favor de esta ley gracias a la cual las compañías de telecomunicaciones ni siquiera tendrán ya que pedir licencia de obras a los ayuntamientos para realizar sus instalaciones, "lo que aboca a un nulo control sobre éstas y a la pérdida de competencias de los consistorios".

Los regionalistas vinieron a decir que hay una mano negra interesada en la adopción de una ley "que beneficiará sobre todo a compañías en las que figuran como directivos Rodrigo Rato, Zaplana o el marido de la vicepresidenta del Gobierno.

La pérdida de derechos sobre el propio espacio y el paso franco que los líderes del PR aseguran que facilita la nueva ley iría más allá, pues según dijeron las comunidades de vecinos que vienen percibiendo cantidades de las compañías de telecomunicación por haber cedido en sus tejados o dependencias espacio para antenas, "perderán sus ingresos (...) al exonerar a las compañías telefónicas de cualquier obligación (...) y abrirles las puertas de todas las casas".
Los principales afectados, en el plano económico, serían los ayuntamientos, según dice el PR, porque además de dejar de ingresar dinero por las licencias de obras que ya no serán preceptivas, tendrá que renunciar a las cantidades que vienen obteniendo por las antenas instaladas en sus edificios, como ocurre en el caso de Calahorra, que viene cobrando cierta cantidad anual por las instalaciones que, para alcanzar gran cobertura, están ubicadas sobre el depósito de copa del parque "Víctimas del terrorismo".

Gil trincado estima que "PP y PSOE no consideran de interés general la sanidad o la educación en cambio sí creen de interés general facilitar las instalaciones a empresas privadas". Considera que el caso es "más sangrante en Calahorra, que tiene un senador que ha dado el visto bueno a esta ley y a sus consecuencias para vecinos y ayuntamiento".
Los regionalistas creen igualmente que la nueva Ley General de Telecomunicaciones supone un agravio comparativo: "Cualquier vecino que acometa una obra, por pequeña que sea, tiene que pagar una licencia de obras al ayuntamiento; en cambio las operadoras de telecomunicaciones no tendrán que pagar nada por colocar sus antenas y aparatos".

Por su parte la concejal del PR en el Ayuntamiento reveló la razón profunda de su desacuerdo con esta "libre y gratuita colocación de antenas": "Existen estudios que revelan que la cercanía de radiación de ondas electromagnéticas son peligrosas para la salud y causan enfermedades". Precisamente por eso, según recordó Margarita Aldama, ella misma presentó una moción en Pleno para elaborar una ordenanza que regulara la instalación de antenas en Calahorra "que fue aceptada por el Partido Popular con el compromiso del anterior alcalde y senador, Javier Pagola, de que estaría redactada para enero de 2014, cosa que no sólo ha ocurrido sino que en el Senado votó a favor de la libre instalación".
Igualmente recordó que en la misma línea de actuación, "el pasado 16 de abril nos solidarizamos con que presentaron 52 alegaciones contra las antenas de telefonía móvil de Vodafone colocadas en el Area Recreativa y Comercial de Calahorra (ARCCA).

Aunque existe una polémica abierta sobre la posibilidad de que las ondas de telefonía produzcan cáncer –con opiniones enfrentadas y estadísticas que apoyan y desmienten esta teoría sin haberse llegado a una conclusión definitiva– los miembros del PR dan por hecho que en efecto tales aparatos son perjudiciales para la salud y por eso en su libre instalación aprecian que "se anteponen los intereses privados a la salud de los ciudadanos".
Finalmente, Aldama matizó que "se puede compatibilizar el desrrollo y el progreso con el derecho a la prevención de la salud".

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